Esa es la feliz imagen de la economía peruana con la que se deleita mentalmente Renzo Rossini, el gerente general del Banco Central de Reserva (la metáfora es de su propia inspiración y la dijo en una conferencia en el Foro de Finanzas el pasado 8 de mayo).
Ironman porque la economía peruana estaría tan blindada que sólo una bomba atómica financiera podría tumbarla. Meteoro porque nuestro PBI está corriendo a una velocidad nunca antes vista.
¿No hay nada de qué preocuparse entonces? Al BCR le preocupa la inflación (por la combinación de crecimiento económico acelerado -incluso para Ironman- y un contexto mundial inflacionario), pero salvo eso, no parece haber mucho más.
Pero hay algo que le eriza el vello capilar a La Mano Invisible. Este desempeño económico que se presta a metáforas tan amenas inunda las billeteras de las personas de nivel socioeconómico A, moja a los del B y salpica a los del C, pero sólo llega a cuentagotas a los del D y ni se asoma por el E. Es en estos dos últimos NSE donde se concentra el 44% pobre de la población. Estos dos últimos NSE ven cómo todos mejoran mientras ellos siguen igualitos. Una situación así frustra a cualquiera.
Esta enorme frustración acumulada es lo único que encuentro para explicar los siguientes resultados del Latinobarómetro 2007 (una encuesta de opinión pública que se hace en casi todos los países de la región):
1. El Perú está entre los últimos países de América Latina en la evaluación de la situación económica actual (sólo 8% de la población piensa que es buena o muy buena) y futura (sólo 21% piensa que será mejor o mucho mejor).
2. El Perú también está entre los países con la peor opinión pública acerca de la distribución de la riqueza, y entre los seis países con la apreciación más alta de posibilidades de conflictos entre ricos y pobres.
3. El Perú es el segundo país con menor satisfacción con la democracia.
4. La aprobación de la economía de mercado y de la empresa privada ha retrocedido sustancialmente en los últimos 10 años.
¿Se imagina algo más paradójico? La economía boyante, riesgo país más bajo que Chile, año de cumbres, y a la vez, un montón de gente asada y pesimista. Eso no me parece como para reconfortarme imaginando títulos de películas con los que describir la situación del país.
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jueves, 22 de mayo de 2008
martes, 29 de abril de 2008
¿Una patada a Proinversión o un cachetadón a los ministerios?
En su columna de Perú.21 Alfredo Bullard dice que si se transfiere la responsabilidad de concesionar y privatizar de Proinversión a los ministerios la agenda política de estos interferirá en el proceso. Es un punto interesante y vale la pena explicarlo un poco más, porque creo que es la clave del asunto.
No sé qué criterios se tuvieron en cuenta cuando se creó Proinversión, pero me queda claro que el diseño que hoy tiene ayuda a aislarla de ciertas presiones políticas. La máxima autoridad de Proinversión es un directorio en el cual tienen asiento siete ministros y el premier, y éstos nombran a un director ejecutivo para que se encargue de la conducción operativa de la institución. La ventaja de que las grandes decisiones privatizadoras sean tomadas por un grupo de varios ministros es que se aislan los factores políticos que afectan sólo a uno de éstos.
Por ejemplo, imaginemos a un ministro de Energía y Minas débil, que está siendo atacado por ONGs o por sindicatos mineros, y que necesita recuperar capital político para poder llevar a cabo algunas reformas. Lo último que querrá ese ministro es meterse a privatizar algún activo (una mina, una planta eléctrica, etc.) del estado que le pueda generar más problemas (oposición de sindicatos, gobiernos locales, etc.). Eso es algo que ni siquiera aparecerá en su agenda.
Sin embargo, si la decisión no depende solo de él si no de un grupo plural de ministros, el peso de la presión de esos grupos de interés que afectan al ministro de Energía y Minas se diluye, y la decisión se toma sin tanta interferencia.
Por esa razón dudo que las privatizaciones y concesiones se avancen mucho en manos de los ministerios. Ahora que la violencia física se ha convertido en el nuevo estándar de sanciones en el gobierno, la Mano Invisible le daría un buen cachetadón al que haya tenido la idea.
No sé qué criterios se tuvieron en cuenta cuando se creó Proinversión, pero me queda claro que el diseño que hoy tiene ayuda a aislarla de ciertas presiones políticas. La máxima autoridad de Proinversión es un directorio en el cual tienen asiento siete ministros y el premier, y éstos nombran a un director ejecutivo para que se encargue de la conducción operativa de la institución. La ventaja de que las grandes decisiones privatizadoras sean tomadas por un grupo de varios ministros es que se aislan los factores políticos que afectan sólo a uno de éstos.
Por ejemplo, imaginemos a un ministro de Energía y Minas débil, que está siendo atacado por ONGs o por sindicatos mineros, y que necesita recuperar capital político para poder llevar a cabo algunas reformas. Lo último que querrá ese ministro es meterse a privatizar algún activo (una mina, una planta eléctrica, etc.) del estado que le pueda generar más problemas (oposición de sindicatos, gobiernos locales, etc.). Eso es algo que ni siquiera aparecerá en su agenda.
Sin embargo, si la decisión no depende solo de él si no de un grupo plural de ministros, el peso de la presión de esos grupos de interés que afectan al ministro de Energía y Minas se diluye, y la decisión se toma sin tanta interferencia.
Por esa razón dudo que las privatizaciones y concesiones se avancen mucho en manos de los ministerios. Ahora que la violencia física se ha convertido en el nuevo estándar de sanciones en el gobierno, la Mano Invisible le daría un buen cachetadón al que haya tenido la idea.
miércoles, 23 de abril de 2008
El ojo del amo engorda al ganado, ¿y el ojo del funcionario público?
El auditor interno Banco de Materiales (responsable precisamente de evitar fraudes en la organización) es uno de los varios funcionarios que recibieron de la institución créditos hipotecarios que no les correspondían.
Los directores y maestros de colegios públicos reciben en promedio S/.300 soles por alumno, por cobros indebidos a los padres de familia.
11 hospitales del Estado no cuentan con medicinas básicas.
Cada 24 horas Sedapal tira al mar de Lima el equivalente a dos estadios nacionales llenos de caca licuada.
Todas estas noticias son sólo de los últimos 3 meses (es decir, más de un mega escándalo por mes). ¿A alguien le queda alguna duda de que la administración pública es pésima?
Según el gobierno, esto se corregirá con la nueva ley de la carrera pública, que establecerá criterios de desempeño y mérito como determinantes de ascensos y remuneraciones. Eso aliviará los síntomas, pero no curará el mal.
El problema real es que cuando el Estado tiene a su cargo la prestación de servicios públicos nadie es dueño del valor que se crea para el ciudadano, y por eso nadie se esfuerza en mejorar las cosas, en reducir costos, en asegurarse de que no hay ningún sinverguenza haciendo fraude. ¡A nadie le importa mucho! El empresario privado tiene claro que su ojo engorda al ganado, pero ¿qué le importará al funcionario público que el ganado engorde o se muera de anemia, si su situación no cambia en ninguno de los dos casos?
Y este no es un problema exclusivo de los países sub-desarrollados o con instituciones democráticas incipientes. El funcionario público es el mismo acá, en Suiza y en todos lados. El Credit Lyonnaise fue un mega banco del Estado francés que quebró por una pésima gestión y por interferencias políticas. La Compañía Británica del Carbón era una de las empresas públicas más grandes del mundo, y durante décadas operaba la mayoría de sus minas a pérdida (y cuando el gobierno de Thatcher quizo cerrarlas se enfrentó a una de las protestas más largas y multitudinarias de la historia). Los ejemplos pueden seguir y seguir.
El punto es que mejorar nuestra gestión pública es importante, pero no corrige el problema de ineficiencia y corrupción en la prestación de servicios públicos. Esto sólo se corregirá privatizando, concesionando, o cuando éstos no sean políticamente viables, encontrando mecanismos alternativos que en la práctica tengan el mismo efecto (con un razonamiento algo diferente, Gianfranco Castagnola publicó una opinión similar en Perú.21).
Los directores y maestros de colegios públicos reciben en promedio S/.300 soles por alumno, por cobros indebidos a los padres de familia.
11 hospitales del Estado no cuentan con medicinas básicas.
Cada 24 horas Sedapal tira al mar de Lima el equivalente a dos estadios nacionales llenos de caca licuada.
Todas estas noticias son sólo de los últimos 3 meses (es decir, más de un mega escándalo por mes). ¿A alguien le queda alguna duda de que la administración pública es pésima?
Según el gobierno, esto se corregirá con la nueva ley de la carrera pública, que establecerá criterios de desempeño y mérito como determinantes de ascensos y remuneraciones. Eso aliviará los síntomas, pero no curará el mal.
El problema real es que cuando el Estado tiene a su cargo la prestación de servicios públicos nadie es dueño del valor que se crea para el ciudadano, y por eso nadie se esfuerza en mejorar las cosas, en reducir costos, en asegurarse de que no hay ningún sinverguenza haciendo fraude. ¡A nadie le importa mucho! El empresario privado tiene claro que su ojo engorda al ganado, pero ¿qué le importará al funcionario público que el ganado engorde o se muera de anemia, si su situación no cambia en ninguno de los dos casos?
Y este no es un problema exclusivo de los países sub-desarrollados o con instituciones democráticas incipientes. El funcionario público es el mismo acá, en Suiza y en todos lados. El Credit Lyonnaise fue un mega banco del Estado francés que quebró por una pésima gestión y por interferencias políticas. La Compañía Británica del Carbón era una de las empresas públicas más grandes del mundo, y durante décadas operaba la mayoría de sus minas a pérdida (y cuando el gobierno de Thatcher quizo cerrarlas se enfrentó a una de las protestas más largas y multitudinarias de la historia). Los ejemplos pueden seguir y seguir.
El punto es que mejorar nuestra gestión pública es importante, pero no corrige el problema de ineficiencia y corrupción en la prestación de servicios públicos. Esto sólo se corregirá privatizando, concesionando, o cuando éstos no sean políticamente viables, encontrando mecanismos alternativos que en la práctica tengan el mismo efecto (con un razonamiento algo diferente, Gianfranco Castagnola publicó una opinión similar en Perú.21).
jueves, 17 de abril de 2008
Suave con el arroz
En lo que va del año el precio internacional del arroz se ha más que duplicado por causa de sequías y otros problemas con los cultivos. Nuestras importanciones de arroz están creciendo, y si bien el precio local ha subido, aún le falta mucho para alcanzar el alza de la cotización internacional.
Si durante este año el precio del arroz al consumidor tuviese un alza desmesurada (digamos más de 50%) el gobierno podría estar en serios problemas. En Haití el Primer Ministro recientemente fue despedido por su incapacidad para responder a las protestas sociales originadas por el aumento del precio de los alimentos, especialmente del arroz. Claro, no somos Haití (que además importa la mayoría del arroz que consume), pero tampoco pensemos que estamos tan lejos.
Si durante este año el precio del arroz al consumidor tuviese un alza desmesurada (digamos más de 50%) el gobierno podría estar en serios problemas. En Haití el Primer Ministro recientemente fue despedido por su incapacidad para responder a las protestas sociales originadas por el aumento del precio de los alimentos, especialmente del arroz. Claro, no somos Haití (que además importa la mayoría del arroz que consume), pero tampoco pensemos que estamos tan lejos.
sábado, 12 de abril de 2008
La inflación y la tentación populista
La inflación tiene muy preocupado al presidente Alan García y no es para menos, el aumento de los precios tiene un costo político alto para cualquiera (ver comentario anterior y encuesta de Ipsos-APOYO), pero uno especialmente alto si en un gobierno anterior le esfumaste el patrimonio a medio Perú por una pésima política económica que terminó en hiperinflación.
Pero la respuesta de García ante esa preocupación lo está conduciendo a un peligroso callejón sin salida. El presidente se empeña en prácticamente prometerle a la población que la inflación bajará en los próximos meses mientras que sigue reventando cohetes por la noticia del grado de inversión (para una muestra reciente ver nota de Correo).
El problema es que los pronósticos más serios señalan que los precios de los alimentos (hasta ahora el principal impulsor de la inflación) no bajarán en los próximos meses, y el grado de inversión, si bien es una excelente noticia, no llevará a que en el mediano plazo haya más plata en los bolsillos de las personas de niveles socioeconómicos bajos.
Con el tiempo esto puede restarle credibilidad al Presidente, aumentar el descontento, y eventualmente empujarlo hacia políticas demagógicas para mantener una base de respaldo popular. Si alguien no cree que el alza de los alimentos puede conducir a conflictos sociales serios, que se fije en lo que sucede en la Argentina, donde los agricultores pusieron al gobierno en jaque con un paro agrario de casi un mes.
Si las cosas se siguen poniendo feas, el Apra podría recurrir a alguna de las siguientes medidas del repertorio populista (ordenadas de mayor a menor, según su nivel de toxicidiad):
Pero la respuesta de García ante esa preocupación lo está conduciendo a un peligroso callejón sin salida. El presidente se empeña en prácticamente prometerle a la población que la inflación bajará en los próximos meses mientras que sigue reventando cohetes por la noticia del grado de inversión (para una muestra reciente ver nota de Correo).
El problema es que los pronósticos más serios señalan que los precios de los alimentos (hasta ahora el principal impulsor de la inflación) no bajarán en los próximos meses, y el grado de inversión, si bien es una excelente noticia, no llevará a que en el mediano plazo haya más plata en los bolsillos de las personas de niveles socioeconómicos bajos.
Con el tiempo esto puede restarle credibilidad al Presidente, aumentar el descontento, y eventualmente empujarlo hacia políticas demagógicas para mantener una base de respaldo popular. Si alguien no cree que el alza de los alimentos puede conducir a conflictos sociales serios, que se fije en lo que sucede en la Argentina, donde los agricultores pusieron al gobierno en jaque con un paro agrario de casi un mes.
Si las cosas se siguen poniendo feas, el Apra podría recurrir a alguna de las siguientes medidas del repertorio populista (ordenadas de mayor a menor, según su nivel de toxicidiad):
- Control de los precios de los alimentos: se están usando en Venezuela y an algunos países africanos y asiáticos, es poco probable que el gobierno lo intente a menos que la situación política sea realmente explosiva. Crea mercados negros y en el mediano plazo empeora el problema al desincentivar la expansión de la oferta.
- Control de precios "light": en México el gobierno orquestó (¿o forzó?) un acuerdo entre productores y comercializadores para atenuar las subidas del precio del máíz. Así como Del Castillo convenció a las mineras del aporte voluntario, podría intentarlo con productores y comercializadores de alimentos clave.
- Ventas subsidiadas: el gobierno compra alimentos y los vende a precios subsidiados. Puede tener consecuencias similares a las del control de precios.
- Reducción temporal del IGV a los alimentos: es poco eficiente y luego puede ser políticamente complicado subir el impuesto. Aún así sería más potable que las anteriores para el ministro de Economía y el sector corporativo.
- Reducciones arancelarias: ya se hicieron las más evidentes, podrían venir más para otros productos de consumo diario.
- Transferencias de efectivo: siempre y cuando estén bien enfocadas, serían la mejor opción. La duda es si el gobierno cuenta con la capacidad institucional para hacerlo bien y sin correr el riesgo de que el proceso esté plagado de escándalos de corrupción.
viernes, 11 de abril de 2008
No me digan que no tienen aspirinas
Hay una canción de Juan Luis Guerra que relata los infortunios de un desdichado que ante un quiebre de su salud cae en un hospital “de gente, supuestamente”, y tiene un estribillo que dice algo así como: “no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el estetoscopio está de fiesta, no me digan que el alcohol se lo bebieron, ni que el hilo de coser lo bordaron en un mantel”. Esa lírica surrealista le cae perfecto a los cientos de pacientes de once hospitales del Estado que según un informe de la Defensoría del Pueblo no cuentan con medicamentos esenciales de alta rotación (es decir, que se necesitan a diario, como anestésicos, sueros, antibióticos y anti-inflamatorios).
Tan pronto se publicó la noticia varios funcionarios públicos saltaron a explicar que se trata de un problema de eficiencia logística. ¿Será tan complicado abastecer a un hospital de medicinas básicas? El que esto suceda sólo en hospitales estatales y no en clínicas privadas señala que el problema no es una mala gestión, si no la propiedad estatal del hospital. La salud pública tiene el mismo problema que la educación pública. En un comentario anterior La Mano Invisible explicó por qué los directores y maestros de colegios estatales se las ingenian para cobrarle a los padres de familia en promedio S/.300 al año por cada niño matriculado (a pesar de que en la educación pública debería ser gratuita): así crean un mercado negro por la prestación de sus servicios educativos, en el cual ellos lucran por su chamba. Es lo mismo que ocurría con la extinta y estatal Compañía de Teléfonos: si alguien quería una línea, o esperaba tres años o le pagaba al técnico una súper coima para que se la instale de inmediato. No es que hubiese escasez de líneas, sino que al técnico le convenía ofrecer el servicio por lo bajo.
Lo mismo ocurre en los hospitales públicos: si alguien quiere medicamentos tiene que comprarlos con su billete en un mercado negro creado por los funcionarios públicos, o esperar a que se “solucione el problema logístico”. ¿Por qué esto ocurre en proveedores estatales? Porque en una empresa privada un funcionario que hace bien su trabajo, cumple con sus objetivos y atiende bien a sus clientes, puede recibir bonos, aumentos, ser ascendido, etc. Si en una institución pública (hospital, escuela, compañía de teléfonos, da lo mismo) un funcionario se esfuerza por que los ciudadanos sean atendidos de maravilla y por reducir costos, no recibe ni una palmada en la espalda y más bien sus compañeros lo miren feo. En las instituciones públicas no existen incentivos al buen desempeño, por eso los funcionarios buscan lucrar por lo bajo. Un cachetadón para los que todavía no entienden eso y siguen haciendo demagogia con la falsa gratuidad de los servicios públicos.
Tan pronto se publicó la noticia varios funcionarios públicos saltaron a explicar que se trata de un problema de eficiencia logística. ¿Será tan complicado abastecer a un hospital de medicinas básicas? El que esto suceda sólo en hospitales estatales y no en clínicas privadas señala que el problema no es una mala gestión, si no la propiedad estatal del hospital. La salud pública tiene el mismo problema que la educación pública. En un comentario anterior La Mano Invisible explicó por qué los directores y maestros de colegios estatales se las ingenian para cobrarle a los padres de familia en promedio S/.300 al año por cada niño matriculado (a pesar de que en la educación pública debería ser gratuita): así crean un mercado negro por la prestación de sus servicios educativos, en el cual ellos lucran por su chamba. Es lo mismo que ocurría con la extinta y estatal Compañía de Teléfonos: si alguien quería una línea, o esperaba tres años o le pagaba al técnico una súper coima para que se la instale de inmediato. No es que hubiese escasez de líneas, sino que al técnico le convenía ofrecer el servicio por lo bajo.
Lo mismo ocurre en los hospitales públicos: si alguien quiere medicamentos tiene que comprarlos con su billete en un mercado negro creado por los funcionarios públicos, o esperar a que se “solucione el problema logístico”. ¿Por qué esto ocurre en proveedores estatales? Porque en una empresa privada un funcionario que hace bien su trabajo, cumple con sus objetivos y atiende bien a sus clientes, puede recibir bonos, aumentos, ser ascendido, etc. Si en una institución pública (hospital, escuela, compañía de teléfonos, da lo mismo) un funcionario se esfuerza por que los ciudadanos sean atendidos de maravilla y por reducir costos, no recibe ni una palmada en la espalda y más bien sus compañeros lo miren feo. En las instituciones públicas no existen incentivos al buen desempeño, por eso los funcionarios buscan lucrar por lo bajo. Un cachetadón para los que todavía no entienden eso y siguen haciendo demagogia con la falsa gratuidad de los servicios públicos.
sábado, 5 de abril de 2008
Mi alcalde, el cobrador de impuestos
La Mano Invisible nunca ha sabido de nadie que reciba con alegría y entusiasmo el día del pago de impuestos, por más sentido de la equidad social que se tenga. Por eso nadie tiene a la Sunat en su lista de instituciones favoritas. Es más, la fiscalización a lo Gestapo que caracteriza a la Sunat la ha convertido en un recaudador muy eficiente pero muy temido y hasta detestado.
Ahora, imaginemos que la recaudación de ciertos tributos pasa a ser responsabilidad de los municipios. ¿Tendrían el mismo vigor inquisidor y fiscalizador, que para algunos es casi rayano en el acoso tributario? ¿Qué alcalde querría convertir su municipio en una Sunat en miniatura? ¡Ninguno! A diferencia de la Sunat, que es una entidad relativamente aislada de la influencia política, el municipio es político por naturaleza, el alcalde se debe a sus electores y lo común es que aspire a la reelección o a un puesto político de mayor jerarquía. La Mano Invisible está convencida de que la proliferación de las amnistías tributarias en los municipios es un reflejo de que los alcaldes evitan a toda costa el rechazo de la gente que vive en su distrito, y si pudiesen vivir a punta de deuda -sin tener que recaudar tributos- probablemente lo harían (después de todo, ¿no lo han hecho presidentes anteriores con el gobierno central?).
Es por eso que la propuesta de transferir funciones recaudadoras a los municipios no puede funcionar. Los alcaldes siempre serán unos pésimos cobradores de impuestos.
Ahora, imaginemos que la recaudación de ciertos tributos pasa a ser responsabilidad de los municipios. ¿Tendrían el mismo vigor inquisidor y fiscalizador, que para algunos es casi rayano en el acoso tributario? ¿Qué alcalde querría convertir su municipio en una Sunat en miniatura? ¡Ninguno! A diferencia de la Sunat, que es una entidad relativamente aislada de la influencia política, el municipio es político por naturaleza, el alcalde se debe a sus electores y lo común es que aspire a la reelección o a un puesto político de mayor jerarquía. La Mano Invisible está convencida de que la proliferación de las amnistías tributarias en los municipios es un reflejo de que los alcaldes evitan a toda costa el rechazo de la gente que vive en su distrito, y si pudiesen vivir a punta de deuda -sin tener que recaudar tributos- probablemente lo harían (después de todo, ¿no lo han hecho presidentes anteriores con el gobierno central?).
Es por eso que la propuesta de transferir funciones recaudadoras a los municipios no puede funcionar. Los alcaldes siempre serán unos pésimos cobradores de impuestos.
miércoles, 26 de marzo de 2008
¡Por fin una discusión práctica sobre las respuestas al aumento de precios!
El lunes el gobierno finalmente dio el primer paso hacia la búsqueda de mecanismos que permitan aliviar los efectos de la inflación sobre los más pobres, sin introducir distorsiones en los mercados (ver comentario anterior).
La Mano Invisible cree que el pelotón de economistas que comentaba al unísono que no hay un problema de inflación (ver artículo de Daniel Córdova hoy en El Comercio) conminando al gobierno a no introducir medidas populistas podía haber dedicado sus energías a orientar el debate hacia la búsqueda de paliativos para los segmentos más golpeados, para darle así salidas políticamente viables al gobierno.
Por ejemplo, Carlos Adrianzén hace algunas semanas comparó la situación del aumento de precios con la de un avión que pasa por una zona de turbulencia, donde lo único que el piloto puede hacer es pedir calma y paciencia (ergo, es lo único que el gobierno peruano debería hacer ante el aumento de los precios).
Esa analogía es equivocada porque la turbulencia, más allá del susto, no causa ningún perjuicio a los pasajeros (mientras que la inflación sí, sobre todo a los más pobres). La comparación correcta sería con un vuelo que por causas climáticas se retrasa y muchos de sus pasajeros pierden conexiones o reuniones importantes. Todos los que hayan pasado por esa situación saben muy bien que lo primero que hacen muchos pasajeros es pedir algún tipo de compensación a la aerolínea (¡incluso a pesar de que ésta no tiene la culpa!), y más aún, a veces las aerolíneas otorgan compensaciones –dependiendo de la gravedad del daño.
En fin, ahora toca aportar ideas para mejorar la propuesta de compensaciones del gobierno.
La Mano Invisible cree que el pelotón de economistas que comentaba al unísono que no hay un problema de inflación (ver artículo de Daniel Córdova hoy en El Comercio) conminando al gobierno a no introducir medidas populistas podía haber dedicado sus energías a orientar el debate hacia la búsqueda de paliativos para los segmentos más golpeados, para darle así salidas políticamente viables al gobierno.
Por ejemplo, Carlos Adrianzén hace algunas semanas comparó la situación del aumento de precios con la de un avión que pasa por una zona de turbulencia, donde lo único que el piloto puede hacer es pedir calma y paciencia (ergo, es lo único que el gobierno peruano debería hacer ante el aumento de los precios).
Esa analogía es equivocada porque la turbulencia, más allá del susto, no causa ningún perjuicio a los pasajeros (mientras que la inflación sí, sobre todo a los más pobres). La comparación correcta sería con un vuelo que por causas climáticas se retrasa y muchos de sus pasajeros pierden conexiones o reuniones importantes. Todos los que hayan pasado por esa situación saben muy bien que lo primero que hacen muchos pasajeros es pedir algún tipo de compensación a la aerolínea (¡incluso a pesar de que ésta no tiene la culpa!), y más aún, a veces las aerolíneas otorgan compensaciones –dependiendo de la gravedad del daño.
En fin, ahora toca aportar ideas para mejorar la propuesta de compensaciones del gobierno.
domingo, 23 de marzo de 2008
El gobierno y la inflación: entre la política y el mercado
El que uno sea invisible no quiere decir que sea ingenuo o sonzo. La Mano Invisible conoce bien la abundante evidencia histórica que señala que cualquier tipo de control de precios o medidas populistas que pretendan hacer creer que se está atacando las causas de la inflación terminan en realidad sembrando nuevos problemas que tarde o temprano le pasan la factura a la población (para un ejemplo reciente, ver un artículo publicado en el diario El Universal sobre lo que ocurre en Venezuela).
Sin embargo, eso no quita que reconozca que ningún gobierno democrático puede hacerse el "loco" cuando el precio de la canasta básica del segmento más pobre de la población podría haber aumentado hasta 7% en un año (ver cálculos de Morón y Salgado), y cuando alimentos como el pan y los huevos han subido en 19.2% y 33.1%, respectivamente (ver el reporte de inflación de enero del BCRP). Hay un montón de gente descontenta porque los alimentos que compra todos los días para alimentar a su familia aumentan a tasas altas mientras sus ingresos se mantienen estancados o aumentan a tasas mucho más bajas. Esta gente no se contenta con las explicaciones de economistas independientes y del gobierno sobre la inflación importada, más bien espera que el gobierno resuelva su problema.
Las lecciones de la economía política son claras: el gobierno enfrentará un costo político alto si la población más afectada por el alza de precios al menos no percibe que está haciendo algo al respecto (según la encuesta de febrero de Ipsos-APOYO Opinión y Mercado, la inflación es la principal causa de la desaprobación gubernamental). Por otro lado, el gobierno también enfrentará un costo político si la comunidad financiera internacional (léase bancos de inversión, agencias de calificación de riesgo, fondos de inversión, etc.) percibe que por causa de estas medidas se aleja demasiado de la ortodoxia económica, y más bien cae en el populismo (sobre todo porque queda claro que la agenda del gobierno tiene como meta el grado de inversión). Dado que las proyecciones más serias apuntan a que los alimentos seguirán subiendo, el gobierno tendrá que echar mano a su mejor repertorio de maniobras políticas para evitar que el mayor descontento de la población no reduzca significativamente su capacidad de gobierno. García sabe que con un radical como Humala al acecho, su gobierno no puede "toledizarse" (estabilidad económica e inestabilidad política).
Por eso, creo que mejor harían muchos de los economistas que opinan sobre el tema si en lugar de criticar tanto al gobierno, propusiesen salidas ingeniosas que le permitan evitar medidas populistas, y a la vez aliviar un poco el bolsillo de los segmentos más golpeados por el alza de los alimentos.
Sin embargo, eso no quita que reconozca que ningún gobierno democrático puede hacerse el "loco" cuando el precio de la canasta básica del segmento más pobre de la población podría haber aumentado hasta 7% en un año (ver cálculos de Morón y Salgado), y cuando alimentos como el pan y los huevos han subido en 19.2% y 33.1%, respectivamente (ver el reporte de inflación de enero del BCRP). Hay un montón de gente descontenta porque los alimentos que compra todos los días para alimentar a su familia aumentan a tasas altas mientras sus ingresos se mantienen estancados o aumentan a tasas mucho más bajas. Esta gente no se contenta con las explicaciones de economistas independientes y del gobierno sobre la inflación importada, más bien espera que el gobierno resuelva su problema.
Las lecciones de la economía política son claras: el gobierno enfrentará un costo político alto si la población más afectada por el alza de precios al menos no percibe que está haciendo algo al respecto (según la encuesta de febrero de Ipsos-APOYO Opinión y Mercado, la inflación es la principal causa de la desaprobación gubernamental). Por otro lado, el gobierno también enfrentará un costo político si la comunidad financiera internacional (léase bancos de inversión, agencias de calificación de riesgo, fondos de inversión, etc.) percibe que por causa de estas medidas se aleja demasiado de la ortodoxia económica, y más bien cae en el populismo (sobre todo porque queda claro que la agenda del gobierno tiene como meta el grado de inversión). Dado que las proyecciones más serias apuntan a que los alimentos seguirán subiendo, el gobierno tendrá que echar mano a su mejor repertorio de maniobras políticas para evitar que el mayor descontento de la población no reduzca significativamente su capacidad de gobierno. García sabe que con un radical como Humala al acecho, su gobierno no puede "toledizarse" (estabilidad económica e inestabilidad política).
Por eso, creo que mejor harían muchos de los economistas que opinan sobre el tema si en lugar de criticar tanto al gobierno, propusiesen salidas ingeniosas que le permitan evitar medidas populistas, y a la vez aliviar un poco el bolsillo de los segmentos más golpeados por el alza de los alimentos.
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