El Sutep y la privatización clandestina de la educación

Calumniar al gremio de maestros se ha convertido casi en algo imposible. ¿Es posible lanzarles algún insulto o atribuirles algún vicio que no sea ya parte de la imagen que la mayoría de la gente tiene sobre el magisterio? Por eso creo que pasó relativamente desapercibido el informe que la Defensoría del Pueblo publicó hace unas semanas revelando que una familia gasta en promedio más de S/.300 al año por cada hijo que estudia en una escuela pública por causa de cobros indebidos exigidos por maestros y directores de colegio. Ya nadie se sorprende, pues la percepción común es que los directores de colegios y profesores son unos corruptos y mediocres que se han enquistado en las instituciones escolares del Estado. La conclusión es que para corregir la educación, hay que cambiar a los maestros (en esa línea van las propuestas recientes del gobierno).

Pero para la Mano Invisible la raíz del problema no podría ser más diferente: ocurre que la educación pública ha sido privatizada, pero no como le gusta a la Mano Invisible, sino de forma clandestina y corrupta. sin que siquiera las autoridades se den cuenta. La privatización clandestina de servicios públicos ha sido algo común en el Perú y ha ocurrido en casi todos los países donde el gobierno ha intentado ofrecer un servicio gratuito –o a precio “popular”. El resultado siempre es el efecto contrario.
Por ejemplo, hace 20 años alguien que quisiera contratar una línea telefónica a la tarifa irrisoria que cobraba la compañía estatal podía morirse de viejo antes de tener su instalación. La única alternativa era pagar una copiosa coima, con lo que lograba que el burócrata impasible que lo había atendido se transforme en un funcionario voluntarioso que en el lapso de unas semanas instalaba la línea.

Un servicio público que debía ser ofrecido a una tarifa popular para que todos accedan a las telecomunicaciones terminó siendo ofrecido de manera privada –por funcionarios que extraían beneficios privados por la instalación– a una tarifa tan alta que sólo los más acomodados podían costearla. ¿No ocurre algo similar con la educación?
Al igual que en el caso de la telefonía, la escasez (de líneas telefónicas, de profesores de inglés, de profesores de computación, o de cualquier otro bien, el principio es el mismo) ocurre porque el sistema empuja a los funcionarios que controlan la prestación del servicio a limitar la oferta formal, para crear un mercado negro en el cual ellos puedan lucrar ofreciendo de manera privada el servicio. Digo que el sistema los empuja a esto porque los funcionarios no obtienen ningún beneficio de “portarse bien”. Si un funcionario de la compañía estatal de teléfonos decidía batir el récord de instalaciones telefónicas en un día, su beneficio habría sido el mismo que si hubiese instalado sólo una. ¿Qué beneficio recibe el profesor de colegio estatal si hace un esfuerzo permanente por capacitarse, por mantenerse al día, por investigar en su tiempo libre? ¿O el director de colegio que con ingenio encuentra una forma eficiente de enseñar inglés sin exceder el presupuesto de su unidad escolar?

Sin duda hay muchos profesores y directores que motivados por su ética de trabajo entregan su mejor esfuerzo, pero eventualmente es normal que la mayoría se agote y espere obtener un beneficio personal, que en el sistema actual nunca llega. Este beneficio no sólo es económico, puede ser también un reconocimiento social o profesional. El problema es que la línea de carrera magisterial está tan corrompida que esto tampoco ocurre. En esencia, lo que ocurre con la educación es que no existen incentivos adecuados, y esa es la misma razón por la cual en economías socialistas hay una escasez permanente de bienes y servicios en mercados oficiales, y mercados negros pujantes (fenómeno explicado de forma muy lúcida por el economista de Harvard Andrei Shleifer).

El resultado es que los maestros terminan privatizando de forma parcial y clandestina la educación supuestamente estatal y gratuita. Paradójicamente, el SUTEP enarbola la bandera de la gratuidad de la enseñanza cada vez que un gobierno quiere reformar el sistema educativo.
La solución al problema no necesariamente pasa por la privatización formal, sino por encontrar maneras de entregar a los maestros (y otros funcionarios públicos en sectores con el mismo problema) derechos de propiedad sobre los resultados de su esfuerzo, entrega e ingenio. Un sistema de remuneración que reconozca a los maestros y directores por su desempeño puede tener ese efecto, en la medida en que esté basado en objetivos claros de rendimiento y que sea difícil de corromper. Sin esto, los maestros podrán ser capacitados una vez, pero ellos no tendrán incentivos para poner su empeño e ingenio en cultivar esos conocimientos, aumentarlos, y aplicarlos en su labor de la mejor forma posible. Lo que la Mano Invisible pide, es reconocer que la gratuidad de la enseñanza, tal como se defiende hoy, es un mito.